El pasado 12 de enero se aprobó el Proyecto de «Ley del Cine de Cataluña». Según esta propuesta, se impone la proyección, dobladas al catalán, del 50% de las copias de las películas exhibidas en dicha Comunidad. La única excepción es la contemplada para películas europeas, en cuyo caso sólo se aplicará para aquellos films que se muestren en más de 15 salas.

Los exhibidores y las distribuidoras y grandes productoras han puesto el grito en el cielo, pues temen la pérdida de una buena parte de su mercado. Por su parte, el Govern afirma que su intención es la de fomentar su cultura e idioma y está convencido de la existencia de mercado suficiente, asegurando además que esta medida ayudará al desarrollo del sector.

Como ya he comentado en otras ocasiones, no me parece en absoluto aceptable la imposición de doblar las producciones audiovisuales (ni por supuesto, la prohibición de hacerlo). Si realmente existe un mercado para los films en catalán (de lo que estoy convencido), serán las propias distribuidoras las que deban recoger esa necesidad y darle una mayor cabida en los cines. Bien estaría que desde el Gobierno de Cataluña se fomentaran los doblajes en catalán, pero no que se obligue a ello.

Ante esta medida, las grandes majors han amenazado incluso con no distribuir sus producciones en Cataluña. Sin embargo no parece una amenaza muy viable, pues perderían deliberadamente la cuarta parte del mercado nacional. Como posible punto intermedio, exhibidores y distribuidores propusieron la creación de una red de 53 pantallas de cine en las cuáles se proyecten las películas en catalán. Para los autores de la Ley, la medida resulta insuficiente y por tanto inadmisible.

Por el resultado final de las piezas no hay que preocuparse, pues en Barcelona están asentados buena parte de los mejores profesionales del doblaje del país y muchos de los actores dominan el catalán.

Si este proyecto se convierte finalmente en Ley (está previsto que esto ocurra antes de verano), el sector del doblaje en Cataluña sufrirá una considerable inyección de trabajo y además posiblemente vea estabilizadas y mejoradas sus condiciones laborales. Sin duda esto sería una consecuencia positiva de la Ley y me alegraré enormemente por los profesionales del doblaje de Barcelona, que ultimamente han sufrido condiciones y tarifas muy por debajo de lo permisible. Sin embargo, reitero una vez más mi postura de que la imposición no es el camino.

La polémica está servida. ¿A vosotros os parece una medida acertada o propondríais alguna diferente?